El 1 de Noviembre entra en vigor el Real Decreto Ley 9/2011 que establece en todo el Sistema Nacional de Salud, la obligación de prescribir por principio activo. Se trata de una medida tomada, sin duda, al socaire de las actuales penurias financieras; controvertida, por supuesto, y merecedora de debates tranquilos que pongan en la balanza su (única) virtualidad: el ahorro presupuestario, y sus inconvenientes, que no faltan, aunque no sean tan fáciles de percibir por la opinión pública general.

Resulta significativo contraponer el mensaje (simple y corto, como manda la técnica publicitaria) de nuestra administración sanitaria:

"Osakidetza ahorrará 30 millones al año" (El Correo 31-10-2011). Y compararlo con la realidad descrita en la reciente (17-10-2011) "Encuesta sobre la Prescripción Farmacéutica y la Prescripción de Medicamentos en el Sistema Nacional de Salud" , encargada por la Federación de Asociaciones Científico-médicas, donde, entre otras, merecen destacarse los siguientes conclusiones:

• - El 80% de los médicos considera que la prescripción por principio activo originará confusiones, pérdidas de adherencia al tratamiento y duplicidades terapéuticas, especialmente en pacientes ancianos, y enfermos crónicos y multimedicados.
• - El 53% de los médicos encuestados, considera que la medida terminará afectando (negativamente) al resultado final de los tratamientos que prescriben.
• - Las diferentes medidas restrictivas y regulatorias en la prestación farmacéutica dispuestas en el Real Decreto, afectan a la libertad de prescripción. Esta opinión es sustentada por el 72-77% de los médicos.
• - El 78% de los médicos no considera deseable y adecuado implantar el programa de restricción farmacéutica..