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Manifiesto en defensa de los servicios públicos y el estado de bienestar

Enviado por en 9 septiembre, 2012 – 7:25 AMSin comentarios

Van para cinco años de crisis interminable. Cinco años en los que las políticas de austeridad han llevado un incremento del paro y la exclusión social. Al mismo tiempo, los servicios públicos y sociales están sufriendo una ofensiva sin precedentes y el estado de bienestar se está poniendo en entredicho.

Resulta radicalmente injusto que el desastre iniciado por ciertos sectores bancarios y dirigentes movidos por una codicia desbocada, tenga que ser reparado por la mayoría. Estamos sufriendo recortes salariales generalizados y un adelgazamiento de los recursos públicos, especialmente de los dedicados a las políticas sociales, como son, las pensiones, sanidad, educación, desempleo y asistencia social.

Se sigue haciendo caso omiso de opiniones económicas, solventes y prestigiosas, que reclaman la urgente introducción de políticas de estímulo económico y de reactivación del empleo. Ya es hora de que la política en su más noble acepción, al servicio del interés general, se imponga frente a los mercados financieros.

La indudable necesidad de optimizar el gasto público se está traduciendo en: una política de recortes en el número de empleados públicos, precarización de sus condiciones laborales, retributivas y sociales y una campaña de descrédito de su labor. Ante ello y en defensa del sector público, las organizaciones firmantes queremos exponer:

  1. 1) Los empleados públicos garantizan la realización práctica de los servicios que las instituciones del Estado prestan a los ciudadanos. Denigrar al empleado público desacredita servicios esenciales para la sociedad, tales como, educación, sanidad, seguridad, atención social y justicia, entre otros.

 

  1. 2) Los empleados públicos acceden a su puesto de trabajo por medio de un proceso de selección bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, aprobados en la Constitución.

 

  1. 3) Los servicios públicos garantizan la igualdad entre los ciudadanos, llevando servicios esenciales a lugares donde nunca acudiría una empresa privada por razones de rentabilidad económica.

 

  1. 4) La estabilidad en el empleo público, cuestionada por la reforma laboral, garantiza la independencia del empleado público ante las presiones de la coyuntura política y asegura la calidad y permanencia de las prestaciones.

 

Existen soluciones y vías alternativas para controlar el déficit público sin recurrir a estas amputaciones del servicio y la función pública. Entendemos la necesidad de realizar ajustes económicos y la obligación solidaria de contribuir a sacar el país de la crisis, pero observamos que el recorte general no alcanza a otros gastos mucho menos justificados. En este sentido proponemos:

 

  1. 1) Afrontar con decisión y medios materiales y humanos suficientes, las bolsas de fraude fiscal y la economía sumergida, así como la mejora sustancial del control del gasto público que evite ineficiencias y corrupciones.

 

  1. 2) Medidas encaminadas a modificar la injusta desproporción entre la tributación efectiva de las grandes empresas y las que gravan a microempresas y pymes.

 

  1. 3) Emprender gestiones políticas y diplomáticas para que la Unión Europea implante un impuesto sobre las transacciones financieras.

 

  1. 4) Creación de un impuesto sobre la riqueza que aumente la contribución fiscal de las grandes fortunas.

 

  1. 5) Exclusión de las ganancias patrimoniales especulativas del concepto de rentas del ahorro y modificaciones en la legislación de las SICAV que eviten su uso como mecanismo de evasión fiscal.

 

Estimamos que estas medidas podrían aportar un incremento fiscal cercano a los 60.000 millones de euros, cantidad que permitiría seguir manteniendo los servicios sociales en niveles aceptables.

Instamos a los gobernantes y a todas aquellas personas con influencia mediática, a que centren sus críticas en las auténticas causas que han llevado a la situación en que se encuentra el país. Sobran declaraciones irreflexivas e infundadas sobre el estado de bienestar y los servicios públicos, que desvían la atención de posibles soluciones más acordes con el interés de la sociedad.

Las organizaciones firmantes de este Manifiesto, exigimos a todos los responsables políticos, una implicación activa en defensa de los servicios y los empleados públicos; en suma, del Estado de Bienestar.